El Supremo panameño decretó hoy legal la detención con fines de extradición del ex gobernador Roberto Borge, lo que allana el camino para que vuelva a México y sea procesado por supuesta corrupción.
El Órgano Judicial explicó en un escueto comunicado que el pleno de la Corte Suprema de Justicia de Panamá atendió tres “habeas corpus” presentados por la defensa del ex gobernador y decretó “por unanimidad” que su detención con fines de extradición es “legal”.
La Sala Penal del máximo tribunal resolvió asimismo un “incidente de objeciones” presentado por los abogados de Borge contra la decisión de la Cancillería de aprobar su extradición, apuntó la nota oficial.
“La extradición del señor Borge dependerá de la Presidencia de la República (de Panamá), habiendo agotado todo trámite ante el Pleno y la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia”, añadió el Órgano Judicial en el mismo comunicado.
Borge, quien fue gobernador de Quintana Roo entre 2011 y 2016 por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), fue detenido a principios de junio en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, el principal de Panamá, cuando se disponía a tomar un vuelo hacia París.
La Cancillería de Panamá dio luz verde el pasado 18 de septiembre a la extradición de Borge, una decisión que fue recurrida por la defensa del exgobernador a través del incidente de objeciones.
Borge, a quien la Fiscalía mexicana acusa de distintos delitos de corrupción cuando gobernaba Quintana Roo, estuvo unos meses detenido en la cárcel de El Renacer, a orillas del canal interoceánico, pero fue trasladado el pasado 21 de septiembre a la sede central de la Policía Nacional por existir riesgo de fuga, según las autoridades.
La defensa del político mexicano denunció el traslado y recurrió las condiciones de detención a través de tres hábeas corpus.
El abogado Carlos Carrillo explicó el mes pasado a Efe que la celda en la que se encuentra Borge mide cerca de “dos metros cuadrados” y es una especie de “cárcel clandestina” que no depende del Sistema Penitenciario, sino directamente del director de la Policía Nacional.
Según la PGR, el exgobernador está implicado en la venta de terrenos del Estado a través de prestanombres a precios inferiores a los del mercado, y en la adquisición irregular de una empresa de embarcaciones turísticas.
En junio pasado, el PRI resolvió por unanimidad expulsarle del partido.
