Padres de los 43 estudiantes de la escuela para maestros de Ayotzinapa desaparecidos en 2014 y simpatizantes realizaron hoy una marcha hacia la Basílica de Guadalupe, en Ciudad de México, para asistir a una misa especial en memoria de los jóvenes y pedir “fortaleza para seguir buscando justicia”.
Protestaron por la falta de avances en la investigación por parte de las autoridades mexicanas 39 meses después de las desapariciones.
La marcha, en la que participaron alrededor de 100 personas, comenzó cerca de las 13.00 hora local, de acuerdo con medios locales.
Los asistentes portaban pancartas con los rostros de los estudiantes mientras eran acompañados por una banda musical.
Al llegar a la Basílica, policías de Ciudad de México impidieron por un momento el acceso de los manifestantes, lo que generó una confrontación con empujones y gritos.
Sin embargo, el conflicto se apaciguó tras unos minutos y los manifestantes decidieron realizar un mitin frente al santuario. Los padres tomaron el micrófono para recordarles a las autoridades y a la sociedad que han pasado cuatro navidades sin sus hijos.
“Es doloroso que siempre que venimos a la Basílica haya problemas”, contó a Efe el abogado de los padres, Vidulfo Rosales, quien recordó que el año pasado fueron “relegados” a una pequeña capilla del templo.
Asimismo, denunció que a los 39 meses de la desaparición “no ha habido el más mínimo avance en la investigación” y criticó que el Gobierno “antepone los intereses electorales por encima de la justicia”.
Añadió que los padres, en su mayoría católicos e indígenas, vienen a la Basílica a pedirle a la Virgen “fortaleza para seguir buscando justicia”.
Finalmente, se permitió el acceso a la Basílica para la celebración de la misa en memoria de los jóvenes, la cual fue oficiada por el obispo de la ciudad de Saltillo, en el norteño estado de Coahuila, Raúl Vera.
Los 43 desaparecidos eran alumnos de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, en el municipio de Tixtla del sureño estado de Guerrero, donde se preparaban para convertirse en maestros de educación básica.
La versión del Gobierno mexicano es que fueron detenidos el 26 de septiembre de 2014 en el municipio guerrerense de Iguala por policías locales, quienes los entregaron a miembros del cártel Guerreros Unidos, que los mataron e incineraron sus restos en un vertedero de basura en el municipio vecino de Cocula.
Los padres y organizaciones internacionales han cuestionado esa versión y exigen al Gobierno mexicano que agote todas las líneas de investigación posibles.