A través de un comunicado conjunto entre la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Procuraduría General de la República (PGR), el gobierno de México reconoció los desafíos que enfrenta en materia de derechos humanos y destacó que frente a cada uno de éstos se emprendieron acciones concretas para atenderlos.
El gobierno federal respondió al apartado que se dedicó a nuestro país en el Informe Anual publicado por la organización Human Rights Watch, y reiteró su compromiso inquebrantable de garantizar la protección de los derechos humanos en todo el territorio nacional, que constituye el primer deber del Estado mexicano.
Las autoridades de todos los niveles han trabajado y continuarán trabajando para garantizar el goce pleno y efectivo de los derechos humanos en todo el país”, se detalla en el texto.
Reconoce que “existen desafíos importantes para alcanzar ese objetivo, por diversos factores internos y externos a nuestro país. No obstante, se subraya que se han emprendido acciones concretas para hacer frente a todos y cada uno de estos retos”.
En el comunicado, el gobierno federal destacó las acciones emprendidas en cada uno de los ámbitos que aborda el informe de dicha organización:
El 16 de enero de 2018 entró en vigor la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, cuyas disposiciones han incorporado los estándares internacionales más altos. La redacción de la Ley se basó en un proceso de consultas con organizaciones de la sociedad civil y gobiernos estatales, y se contó con la asistencia del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (OACNUDH).
El Estado mexicano está plenamente comprometido con el esclarecimiento del caso Ayotzinapa, la continuidad de las investigaciones, la sanción de los responsables y la protección de los derechos de las víctimas. Por ello, continúa colaborando con el mecanismo de seguimiento de la CIDH, y con los familiares de las víctimas y sus representantes. El 95% de las 941 peticiones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) han sido abordadas de manera efectiva.
Se reitera el sólido compromiso de esclarecimiento y la sanción a los responsables de los hechos en el caso Tanhuato, para el que se cuenta con investigaciones, personas detenidas y procesadas. Existe el compromiso total con la reparación a las víctimas y la no repetición de sucesos similares.
Por lo que hace al caso de Tlatlaya, se llevaron a cabo las investigaciones por parte de la autoridad ministerial y con plenitud de autonomía el Poder Judicial Federal resolvió conforme a derecho sobre el particular, respetando y garantizando los derechos humanos de los inculpados, víctimas u ofendidos.
Las instituciones que conforman el gobierno de México han instrumentado políticas públicas que incluyen acuerdos, lineamientos y capacitaciones, para regular el uso de la fuerza en todos los niveles, lo cual se refleja en la reducción de las quejas interpuestas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y de las recomendaciones emitidas por ésta. En particular, en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos existió una reducción del 76% en el número de quejas en el año 2017, en comparación con el año 2012 (último año de la administración pasada), ello aunado al hecho de que nuestras Fuerzas Armadas continúan siendo las instituciones de mayor prestigio en la opinión pública mexicana. También se han instrumentado cambios estructurales e institucionales para abatir la impunidad y perseguir las violaciones a derechos humanos, a través de la creación de unidades especializadas en la PGR.
El Estado rechaza y condena tajantemente todo acto de tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes, en general y en el marco de las investigaciones. La Ley General en la materia entró en vigor el 27 de junio de 2017 en todo el territorio nacional, sustituyendo a la ley federal y las leyes estatales.
El gobierno de México reitera su más amplio reconocimiento a la importante labor de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, al tiempo que rechaza categóricamente cualquier acto que busque limitar sus derechos y libertades fundamentales. Por ello, ha fortalecido sustancialmente el presupuesto y funcionamiento del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos en Contra de la Libertad de Expresión (FEADLE); así como la coordinación con las entidades federativas.
El 18 de junio de 2016 entró en vigor la reforma al sistema de justicia penal, una de las mayores transformaciones jurídicas e institucionales en la historia de México, que representa un parteaguas en los sistemas de procuración e impartición de justicia. El nuevo sistema opera en todo el país para los delitos federales y del orden común, dando mayor agilidad y perspectiva de derechos humanos a los procesos.
La violencia de género, la violencia doméstica y sexual, son violaciones graves a los derechos humanos de las mujeres y las niñas. Por ello, el Estado mexicano ejecuta normas e instrumenta programas con perspectiva de género y derechos humanos, destacando la Ley General para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el Código Penal Federal. La Ley General de Víctimas y la NOM-046-SSA2-2005 garantizan el acceso a los servicios de anticoncepción de emergencia y de interrupción del embarazo en los casos de víctimas de violación sexual, en todo el territorio.
México continúa esforzándose para fortalecer las capacidades institucionales que aseguren la protección de las personas migrantes -especialmente los niños, niñas y adolescentes- y solicitantes de refugio que transitan por nuestro país. En los últimos cuatro años, se otorgó el reconocimiento de la condición de refugiado a 6,473 personas y se otorgó protección complementaria a 1,657 más.
Como se reconoce en el informe de Human Rights Watch, México ha avanzado en la protección de los derechos de las personas LGBTI, buscando eliminar la discriminación y violencia de que son víctimas. Se han elaborado diagnósticos nacionales en la materia y se han adoptado en los 32 estados leyes antidiscriminación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró como inconstitucional la prohibición al matrimonio entre personas del mismo sexo; y 11 entidades federativas reconocen el matrimonio igualitario.
México permanece comprometido con la promoción y protección de los derechos de las personas con discapacidad, a nivel nacional e internacional. Por ello, las autoridades trabajan para cumplir la Ley General que las protege, fortaleciendo los mecanismos para hacer efectivo el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 2014-2018 (PNDIPD), incluyendo la coordinación con los estados; y el Programa de Acción Específico de Atención Psiquiátrica 2013-2018.
