Tras las restricciones que le impuso un juez federal, la exdirigente magisterial Elba Esther Gordillo, interpuso una serie de quejas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Consejo de la Judicatura (CJF) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por lo que calificó como una ilegal mordaza.
En un comunicado, el despacho jurídico Del Toro Carazo aseveró que es evidente el carácter de persecución política que enfrenta su cliente, ya que estas “medidas de control” están directamente relacionadas con la adherencia a un candidato a la Presidencia de la República de su yerno y nieto, lo que gestó especulaciones sobre sus propias decisiones, a pesar del prudente silencio de años que ha guardado la maestra.
Indicó que estas determinaciones restrictivas solicitadas por la PGR y ordenadas por el titular del Juzgado Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales, no son medidas de seguridad para vigilar la permanencia de la ex secretaria general del PRI en su domicilio, sino que son medidas de control absolutamente arbitrarias y vejatorias de sus derechos fundamentales.
El despacho jurídico detalló que se interpuso una queja administrativa en contra del titular del Juzgado Sexto de Distrito, además de que se amplió una denuncia penal en su contra ante la Procuraduría General de la Republica (PGR) por diversos delitos.
Agregó que se pidió expresamente a la PGR que la Subprocuraduría de Derechos Humanos, a través de su Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, tome conocimiento de las violaciones a varios derechos fundamentales de la maestra.
Finalmente, se interpuso queja de 48 horas ante un Tribunal Colegiado de Circuito contra la decisión del Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia de Amparo Penal que negó conceder una suspensión provisional de los actos reclamados al Juzgado Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales.
