Dos jueces, uno en materia administrativa y otro de distrito, consideraron que la Ley de Seguridad Interior es inconstitucional, por lo que admitieron dos amparos contra la legislación promulgada en diciembre.
Para los juzgadores, la Ley implica un riesgo para el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas.
El primer Juez en promover el amparo fue el Octavo de Distrito en Materia Administrativa, Fernando Silva, quien el jueves señaló que la inconstitucionalidad de la ley radica en que la autoridad militar difícilmente puede sustraerse al régimen de mando y adiestramiento para el cual ha sido creado.
El juzgado consideró, entre otras cosas, que si las Fuerzas Armadas al llevar a cabo tareas de seguridad interior en tiempos de paz llegaran a cometer un acto que implicara la violación de un derecho humano todo procedimiento iniciado de oficio o a instancia de parte, penal, administrativo o de cualquier índole que tuviera por objeto resolver la responsabilidad de la autoridad militar por el acto causado en perjuicio de cualquier civil, debe resolverse por los tribunales civiles.
El juez tomó como ejemplo la jurisprudencia por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Radilla Pacheco contra México.
En su argumento contenido en el amparo 118/2018 de fecha 9 de mayo, expuso que la actuación de los miembros de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública provocaría actos de imposible reparación en perjuicio de los integrantes de la sociedad.
Por otra parte, la Juez Noveno de Distrito en Guanajuato, Karla María Macías, concedió el amparo contra la ley a una organización de derechos humanos y afirmó que algunos de los artículos de la Ley son violatorios a los derechos humanos, porque impacta a toda la sociedad en su conjunto.
Estos son los primeros amparos desde que la Ley de Seguridad Interior fue promulgada por Enrique Peña Nieto en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 21 de diciembre de 2018.
En febrero, la organización civil Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales (ProDesc) interpuso un amparo contra la ley.
Y, en enero, el Congreso Nacional Ciudadano (Conaci) presentó unos ocho mil amparos en diversos estados contra la misma legislación.
