La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), aseguró que no impugnó la sentencia de un Tribunal Colegiado sobre el Caso Iguala y asegura que la reparación económica del daño a los familiares de los normalistas desaparecidos no es “un buen gesto del estado” sino una obligación.
A través de un comunicado refiere que en junio pasado la Procuraduría General de la República (PGR), notificó a la CEAV las sentencias de los juicios de amparo relativos al “Caso Iguala”, dictadas por el Primer Tribunal Colegiado del 19° Circuito en Tamaulipas el 31 de mayo de 2018.
Ante esta determinación refiere que entre otras cosas, la sentencia establece un monto de “indemnización parcial” arbitrario que se determinó sin escuchar a los padres de los 43 estudiantes.
Por ello la CEAV señaló la importancia de escuchar a los familiares de las víctimas para garantizar el derecho a la reparación integral y determinar el concepto de compensación económica.
De igual forma, la CEAV considera que la reparación integral a las víctimas en su dimensión económica no puede consistir en “un buen gesto del Estado” como lo señala la sentencia, sino que como lo señala la LGV, es un derecho de las víctimas y una obligación para las autoridades.
“La sentencia dictada por el Tribunal Colegiado confunde las medidas de ayuda y reparación integral establecidas en la Ley General de Víctimas, la reparación integral no pretende atender “necesidades apremiantes”, sino restablecer un proyecto de vida. En el ejercicio de sus derechos, a las víctimas les correspondería no solo recibir una reparación integral, sino además medidas de ayuda para atender sus necesidades inmediatas sin que esto sea descontado en la reparación correspondiente”, señala.
Finalmente, la Comisión Ejecutiva señala el compromiso de trabajo con las víctimas del caso en su búsqueda de justicia y verdad; con ello aclara que no existe una disposición institucional de combatir judicialmente la sentencia referida, y si un compromiso de acompañamiento y protección de las víctimas.
