“Es hora de que desde el Gobierno se deje de simular que no pasa nada”. Con este contundente mensaje, la próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, expresó su voluntad para encarar la grave crisis de derechos humanos de México, para la cual Andrés Manuel López Obrador le ha dado “carta abierta”.
En su ponencia en el Seminario sobre Violencia y Paz que organizó hoy el Colegio de México, la ex magistrada de la Suprema Corte reiteró que no van a descartar ninguna vía para lograr la pacificación del país, entre ellas la despenalización de las drogas, cuya propuesta al respecto debe “irse avanzando”.
Comentó que el próximo presidente de México conoce sus posicionamientos y le ha dado el siguiente mensaje: “Carta abierta. Lo que sea necesario para pacificar este país. Abramos el debate”.
Encima de la mesa, además, está la propuesta de crear una ley de amnistía a criminales, comisiones de la verdad y todos aquellos mecanismos e instituciones que ayuden a “construir la respuesta de justicia transicional que México requiere”.
Debatir todos estos puntos en los foros que están convocados en agosto para alcanzar la pacificación del país, es para el equipo de López Obrador -quien tomará el cargo el 1 de diciembre- una necesidad.
“Lo que nadie puede negar, con datos duros, es que al menos en los últimos diez años el Estado mexicano ha sido incapaz de parar la violencia y responder desde los mecanismos institucionales”, sentenció Sánchez Cordero.
En cuanto al punto de la amnistía, uno de los que levantó más polémica durante la campaña de López Obrador, la futura secretaria recordó que no se otorgaría en ningún caso a personas que hayan cometido “graves violaciones a los derechos humanos”.
Tampoco se descarta una ley de reducción de penas; este aspecto estaría condicionado a que el delincuente en cuestión pudiera dar “información verídica y comprobada” que ayudara, por ejemplo, a dar con el paradero de desaparecidos o saber quiénes son los autores materiales o intelectuales de un crimen.
Sánchez Cordero explicó que se contemplan varias opciones a la hora de crear comisiones de la verdad.
Podrían ser varias comisiones de investigación de la verdad, sobre casos concretos, varias comisiones de la verdad regionales o “una gran comisión nacional de la verdad”.
“Idealmente”, ninguna de estas instituciones deberían estar activas durante más de cuatro años, y su tarea tendría que correr “de forma paralela a las investigaciones y procesos de justicia”.
Otra de las propuestas fue empezar a elaborar un plan nacional de reparaciones, para dar “uniformidad” en todo el país en este ámbito y “dar claridad al engranaje reparatorio”.
Siempre teniendo en cuenta, matizó, que la reparación no contempla únicamente la indemnización, sino que también abarca otras medidas, entre ellas, las que garanticen la no repetición.
Asimismo, la exmagistrada defendió que, con la presencia de los militares en las calles -estrategia emprendida en el Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012)- se viola permanentemente el artículo constitucional que indica que la seguridad pública ha de estar en manos de autoridades civiles.
Para justificar esta situación, agregó, se expidió el pasado año la Ley de Seguridad Interior: “Tengo mis serias dudas sobre su constitucionalidad, por supuesto”, indicó.
