El Gobierno de la República refrendó su firme voluntad de agotar todas las líneas de investigación para lograr el esclarecimiento total de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, y procurar el castigo de todos los responsables en el caso.
A través de la Procuraduría General de la República (PGR) y las secretarías de Gobernación (Segob) y Relaciones Exteriores (SRE), indicó que el objetivo es que se haga justicia y que hechos tan lamentables como esos no se repitan en el país.
Alberto Elías Beltrán, subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales en suplencia del Procurador General de la República, reconoció la intervención que ha hecho en este caso el Mecanismo de Seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Al reunirse con la CIDH y ante representantes de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, manifiesto interés para que haya plena claridad de lo ocurrido a los jóvenes.
Al referirse al agravio en perjuicio de las víctimas, los padres de familia y la sociedad mexicana en su conjunto, dijo que existe plena concordancia entre lo que buscan tanto las autoridades como los familiares, ya que el objetivo es el mismo: que se haga justicia.
Indicó que se han realizado acciones necesarias para atender cada uno de los planteamientos realizados por la CIDH, anotó en un comunicado conjunto.
La comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, relatora para México de la CIDH, reconoció la colaboración del Gobierno de la República en las acciones y atención al cronograma de trabajo establecido para el seguimiento del caso.
Asimismo, comentó distintos asuntos pendientes que deberán ser profundizados en las semanas y meses siguientes.
En este marco, mencionó que la Comisión remitirá próximamente una solicitud de información al gobierno, a fin de integrarla en la fase de finalización de este periodo, para preparar un informe final de resultados del trabajo del Mecanismo de Seguimiento en noviembre próximo.
Con ese contexto, las reuniones con la CIDH y con los representantes de las víctimas permitieron a los distintos funcionarios de alto nivel de la PGR actualizar la información sobre el seguimiento al cronograma de trabajo, entre los que se desatacaron asuntos relacionados con la ejecución de órdenes de aprehensión pendientes.
Además investigaciones en torno al posible papel de funcionarios federales, acciones de búsqueda específicas, el seguimiento a las solicitudes de asistencia jurídica mutua formuladas al gobierno de los Estados Unidos, entre otros.
Igualmente, se hizo referencia al seguimiento a una sentencia reciente emitida por un Tribunal Colegiado, por el que, entre otros, se habría ordenado la creación de una comisión de la verdad para el caso.
Se explicó la sustancia y los razonamientos detrás de los recursos presentados en contra de dicha sentencia, considerando especialmente sus posibles efectos, que podrían alterar el orden constitucional mexicano.
De igual forma se recordó que el asunto se encuentra bajo consideración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que determinará lo conducente.
En respuesta a cuestionamientos del comisionado Luis Ernesto Vargas, se subrayó la importancia de avanzar en cuestiones relacionadas con esquemas de atención psicosocial a las víctimas, así como identificar vías para hacer más expedita la colaboración de los detenidos, que facilite conocer la verdad de los hechos y el paradero de los normalistas.
Con ello se acordó continuar trabajando en el seguimiento a las acciones de búsqueda, investigación y asistencia a víctimas, en coordinación y comunicación con los representantes de los familiares de los 43 estudiantes, y en el marco de la cooperación con el Mecanismo de Seguimiento de la CIDH.
