El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) entregar la versión pública de los registros de audio y video relativos a la audiencia inicial de la causa penal 97/2016 que se inició en contra del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El organismo determinó que sólo procederá clasificar como confidencial los datos personales de quienes no se hayan desempeñado como servidores públicos y las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos investigados que continúen en sustanciación.
La comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena destacó que la difusión de la información es del mayor interés público, ya que somete al escrutinio social, la legalidad de las conductas realizadas por el político veracruzano y las diligencias llevadas a cabo por las autoridades procuradoras e impartidoras de justicia, para conocer la verdad de los hechos y que sean sancionados los responsables de su comisión.
“Es por esa razón que con independencia de que en el caso particular confluyan la privacidad, la protección de datos personales, la intimidad y el derecho a la propia imagen de los ex servidores públicos como Javier Duarte, prevalece el interés general de conocer los hechos ilícitos cometidos durante el desempeño del cargo, sobre todo cuando se trata de indagatorias que cuentan con una sentencia condenatoria firme e irrevocable”.
Un particular solicitó al CJF la versión pública de los registros de audio y video relativos a la audiencia inicial de la causa penal 97/2016 radicada en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte.
El órgano colegiado manifestó que la información se encontraba relacionada con una carpeta de investigaciones en trámite por lo que su difusión obstaculizaría su conducción y afectaría el procedimiento en su etapa inicial, de ahí que lo haya clasificado como información reservada.
No obstante, el pleno del INAI consideró que no es procedente restringir el acceso a la totalidad de la videograbación, de ahí que aprobó modificar la respuesta.
