El martes de la próxima semana se instalará la Comisión de Investigación por la Verdad y la Justicia del caso Ayotzinapa, compromiso que firmó en los primeros días de su gestión el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Esta instancia tendrá como objetivo ahondar en los hechos sucedidos entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, donde 43 normalistas fueron desaparecidos de manera forzosa, seis personas más fueron asesinadas y hubo varios lesionados.
En entrevista, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, informó que se analizarán todas las hipótesis posibles:
La investigación de la Procuraduría General de la República, que apunta a que los jóvenes habrían sido asesinados e incinerados en el basurero de Cocula, Guerrero; la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; las líneas de investigación que no se han llevado a cabo o quedaron inconclusas; toda la indagatoria del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; la de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, “y sobre todo, vamos a empezar por todo aquello que no se hizo, por lo que se dejó de hacer”.
El presidente López Obrador firmó un decreto presidencial el pasado 3 de diciembre -prácticamente al arrancar su mandato- en el que se comprometió a crear esta instancia, así como a que todas las dependencias de gobierno colaborarán para llegar a la verdad y la justicia.
En esta Comisión, cuyos trabajos serán coordinados por Encinas, será conformada por funcionarios federales, los padres de los normalistas desaparecidos e integrantes de las organizaciones civiles que los representan como los centros de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez y de la Montaña Tlachinollan.
