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La Jornada / César Arellano García

El Primer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito concedió al abogado Juan Ramón Collado Mocelo, una suspensión provisional contra la resolución del 27 de agosto en la cual un juez confirmó el auto de vinculación a proceso que se le dictó por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. El fallo frena por el momento el proceso que la Fiscalía General de la República (FGR) sigue en contra del litigante.

Este martes, aparece en listas del Consejo de la Judicatura Federal, que el unitario admitió a trámite la demanda de amparo que Collado Mocelo presentó contra el Quinto Tribunal Unitario en Materia Penal de la ciudad de México, quien sostuvo el auto a vinculación a proceso a Juan Collado Mocell, luego de que éste presentara un recurso de apelación contra la privación de su libertad y delitos delincuencia organizada.

De acuerdo con la resolución el unitario que radica en el expediente 73/2019, la FGR no podrá formular acusación ni dictar auto de apertura de juicio oral una vez que concluya la etapa intermedia donde se realizan las investigaciones complementarias, hasta que el Primer Tribunal Unitario se pronuncie si le otorga o no a Juan Ramón Collado la suspensión definitiva. El impartidor de justicia resolverá el próximo 10 de octubre si revoca o no el auto de vinculación a proceso.

En julio pasado un juez federal con sede en el Reclusorio Norte decretó legal la detención del abogado Juan Collado, lo vinculó a proceso como presunto responsable de los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero y otorgó un plazo de seis meses para que la Fiscalía General de República concluya la investigación complementaria en contra del litigante. Ese periodo lo deberá pasar en “prisión oficiosa preventiva”.

De acuerdo con las pruebas aportadas por el Ministerio Público el impartidor de justicia consideró que existen elementos suficientes que señalan que Juan Collado pertenece a un grupo delictivo que constituía empresas fachada que eran utilizadas para comprar inmuebles de manera fraudulenta. Los recursos que obtenían como ganancia eran ingresados al sistema financiero nacional.

En este caso se le vinculó con la adquisición ilícita de un predio que se localiza en bulevar Bernardo Quintana en la ciudad de Querétaro, mediante la falsificación de firmas y la suplantación de identidad obtuvieron esta propiedad por un precio de 173 millones de pesos, de los cuales 24 millones se depositaron a cuentas personales de Juan Collado.