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La Jornada / César Arellano García

Un tribunal colegiado ratificó la suspensión definitiva que un juez federal le otorgó a Gilda Margarita Austin y Solís –madre del ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya– para no pisar la cárcel en México, en caso de ser extraditada de Alemania, donde fue detenida por Interpol.

En agosto el juez décimo de distrito de amparo en materia penal, Patricio Leopoldo Vargas Alarcón, le otorgó una suspensión definitiva contra la orden de captura por asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita relacionados con el asunto Odebrecht.

Así es que en cuanto llegue a territorio nacional podrá quedar libre, pues los delitos que se le imputan no están tipificados como graves y no requieren prisión preventiva oficiosa.

En ese entonces, el juez federal en materia de amparo penal le concedió a Gilda Margarita Austin y Solís la suspensión definitiva del acto reclamado, para el efecto de que no sea detenida con motivo de la ejecución de la orden de aprehensión reclamada, hasta en tanto se resuelva en definitiva el juicio de amparo.

Además, en su momento el juez le impuso una garantía de 4 mil 500 pesos para que no fuera detenida hasta que se resuelva el juicio de amparo y la suspensión continúara surtiendo efectos. En el caso de que incumpliera con los requisitos, la suspensión concedida sería revocada, bastando la sola comunicación de las autoridades responsables para que puedan ejecutar el acto reclamado.

Además en el fallo del juez argumentó que concedió la suspensión en virtud de que los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa, por los que se ordenó su aprehensión, no ameritan prisión preventiva de oficio.

Al respecto la Fiscalía General del a República impugnó la resolución del juez décimo de distrito de amparo en materia penal que se turnó al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, y quien por unanimidad decidió confirmar la suspensión definitiva.

Gilda Margarita Austin y Solís, fue detenida a finales de julio por agentes de la Interpol en un centro vacacional de Alemania, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una orden de aprehensión en su contra por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa, porque en sus cuentas se recibió un depósito que presuntamente está relacionado con la entrega de recursos al ex funcionario por parte de la empresa Odebrecht para que se le favoreciera con contratos de obra.

Sin embargo la defensa de Austín y Solís solicitó la protección de la justicia federal y presentó un recurso de amparo en contra de la orden de aprehensión, días después un juez federal le otorgó una suspensión definitiva, con la cual evitará en México enfrentar su proceso en prisión, por no ser delitos graves y tener más de 70 años de edad.