Rosario Robles Berlanga sabía de la investigación en su contra, aún antes de que se presentaran las denuncias ante la Procuraduría General de la República (Hoy Fiscalía), aseguró el exauditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal.
Al comparecer ante la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, Portal dijo que se reunió en varias ocasiones con Robles Berlanga, en otras con sus colaboradores, pero siempre estuvo al tanto de las observaciones que se realizaron a la cuenta pública de su administración mientras estuvo al frente de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y de la de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
“La respuesta fue negativa, evasiva y luego ya, con todos los elementos que tuvimos en frente, se los mostramos, en la última reunión que tuve con ella, ofreció no volverlo a hacer, reconociendo lo que se estaba observando por la Auditoria, lo voy a dejar así”, señaló al responder la pregunta de Pablo Gómez, presidente de la Sección Instructora, sobre si le comunicó la investigación a la exfuncionaria.
Juan Manuel Portal dijo que fue en una de las últimas reuniones que sostuvo con la exfuncionaria, a principios de 2017, cuando ésta reconoció que sí había recursos desviados, pero a pesar de comprometerse a no repetirlo, la verdad es que se continuó con esa práctica.
Hija de Robles insiste en que su madre es una perseguida política
En la audiencia estuvo presente Mariana Moguel, hija de Rosario Robles, quien descalificó el trabajo realizado e insistió en que su madre es una perseguida política “los valientes no persiguen a sus enemigos políticos”, dijo.
También los abogados de Rosario Robles acusaron que había una tendencia de la Sección Instructora para inclinar el juicio contra su cliente, dijeron que ese organismo de la Cámara de Diputados fue diseñado para adoptar decisiones colegiadas, que era evidente que el presidente tomaba decisiones unilaterales para perjudicar a Robles Berlanga.
“Con todo respeto, las decisiones del presidente no valen más que las que asuman las otras diputadas que integran la sección, sin embargo, las decisiones las está tomando de forma unilateral una sola persona, esto convierte este procedimiento en nulo”, dijo el abogado Epigmenio Ibarra.
Desde 1926 no se había realizado un juicio político en nuestro país, cuando a ese proceso fue sometido el gobernador de Jalisco, José Guadalupe Zuno por haber ordenado el desafuero de varios diputados contrarios a su gobierno, pero leales al presidente Plutarco Elías Calles, quien en represalia ordenó enjuiciarlo políticamente. Al final fue destituido e inhabilitado para ocupar cargos públicos por un lapso de 7 años y 6 meses.
En el caso de Rosario Robles, el juicio podría quedar definido el 19 de marzo, cuando la Cámara de Diputados reciba el dictamen de la Sección Instructora y se convoque a una sesión solemne para erigirse en órgano de acusación. Se votará y la mayoría simple determinaría que su caso sea enviado al Senado.
Una vez que se entregue al Senado, pasará a una “sección de enjuiciamiento” que validará el dictamen y determinará la pena, destitución del cargo, que no procede, y la inhabilitación para poder ser electa a un cargo en cualquiera de los tres niveles de gobierno hasta por 20 años.
Rosario Robles deberá asistir a la sesión del 19 de marzo, previa solicitud al juez que le sigue el proceso penal, y podría llegar con el uniforme de interna de los Centros de Readaptación Social de la Ciudad de México.
