A finales del año pasado el Gobierno de Veracruz y el Congreso del Estado aprobaron rescatar al Poder Judicial con 200 millones de pesos extras al presupuesto que tenía asignado para dicho ejercicio; además, para este 2022 se le asignó un aumento en su presupuesto de 316.9 millones de pesos adicionales, con un total de mil 931.2 millones de pesos.

Sin embargo, ni el apoyo extraordinario, ni el aumento presupuestal han sido suficientes para que el poder autónomo comience a pagar las aportaciones que tiene pendientes con el Instituto de Pensiones de Veracruz (IPE) por 42 millones de pesos.

Por esta razón la institución presidida por Isabel Romero Cruz fue denunciada y el hecho será reportado al Órgano de Fiscalización de Superior de Veracruz.

Al respecto, la directora del IPE, Daniela Griego Ceballos, argumentó que era necesario  obtener este recurso pendiente, pero el Poder Judicial no ha dado respuesta a su intención de implementar un convenio de pagos.

Al reducir salarios de magistrados y altos funcionarios como parte de un plan de austeridad, la Directora General de Administración, Joana Marlen Bautista Flores, no ha podido meter orden a los pagos de cuotas pendientes para el IPE.

Griego Ceballos indicó que han intentado generar planes de pago con el Poder Judicial, al igual que se ha hecho con ayuntamientos en Veracruz.

“Hemos hecho lo propio de parte nuestra, que es cobrar, informar al ORFIS, estamos remitiendo hoy la información al ORFIS, que nos quedó cuenta pública 2021, pero también la información de los entes deudores. El PJE está denunciado», confirmó la directora.

Griego Ceballos refirió que tras reunirse con Romero Cruz todavía no han podido concretar un convenio y en cuanto a los Ayuntamientos morosos, reiteró que siguen buscando convenios con 25 administraciones municipales actuales para lograr que les pague los 200 millones de pesos de cuotas y aportaciones de trabajadores que las pasadas no pagaron.

La directora del IPE enumeró que en lo que va del año se han reunido con los municipios de Altotonga, Camerino Z. Mendoza, Acayucan, Teocelo, Cerro Azul, Tomatlán y Huatusco.

Recientemente, la directora explicó que no ha habido un acercamiento por parte del Consejo de la Judicatura y este asunto quedaría pendiente para 2022, pero al no haber avances tuvo que proceder legalmente.